José Císcar, vicepresidente y portavoz del Consell, ha declarado que, para “desbloquear” la emisión de TV3 en la Comunitat Valenciana, el interlocutor es el Gobierno catalán.
Para lograr un acuerdo de reciprocidad entre las televisiones autonómicas ha exigido al ejecutivo catalán que “respete las señas de identidad de todos los valencianos“.
Debería saber el sr. Císcar que el gobierno catalán no tiene ningún interés en lograr un acuerdo de reciprocidad, al menos en condiciones de equidad. Dicho acuerdo se dio hace algunos años, pero fueron los propios gobernantes de Cataluña quienes lo rompieron, a causa de los elevados picos de audiencia de Canal 9 durante retransmisiones deportivas, películas y series. Hay gente en Cataluña que no simpatiza con el Barça ó que quiere ver películas en castellano. Por tanto, Cataluña obligó a emitir la versión internacional de Canal 9, sólo con producción propia. A partir de ese momento, la reciprocidad se convirtió en desigual, ya que TV3 sí emitía su canal principal en territorio valenciano a través de los ilegales repetidores de ACPV, y el acuerdo se rompió.
Desde Círculo Cívico Valenciano, no logramos entender el interés que pueda tener el ejecutivo valenciano en satisfacer las demandas de una entidad, Accío Cultural del País Valencià (ACPV), que no cuenta ni con 5.000 asociados en toda la Comunitat Valenciana, contra 5 millones de valencianos, para poder visualizar un canal, TV3, que en su mejor momento de audiencia alcanzó un escuálido 0,3% de share televisivo.
Peca de ingenuo el sr. Císcar al exigir respeto por las señas de identidad valencianas. Partimos del hecho de que pretender imponer a capón el idioma catalán en la Comunitat Valenciana ya es, en sí, una vulneración de nuestro Estatuto de Autonomía y de la opinión del 67% de ciudadanos valencianos que no admiten la catalanidad del valenciano. Pero mayor ingenuidad es, si cabe, pretender que a partir de ahora, el órgano de comunicación del gobierno separatista de Artur Mas, deje de nombrar nuestro territorio como "país valencià", de incluirnos en mapas del tiempo de los "paisos catalans", o de ensalzar como "patriotas" a terroristas de Terra Lliure.
Es de felicitar, de ser cierto, que el Consell esté estudiando la sentencia del TS para analizar sus implicaciones. En todo caso, el ejecutivo valenciano de Alberto Fabra tiene la obligación de plantearse el recurso de la sentencia, y de exigir al Ministro de Industria, sr. Soria, y a su Ministerio como órgano competente para ello, la ratificación de la sanción a ACPV, y el mantenimiento del cierre de los repetidores y el cese de emisiones, tal y como indicaba la sentencia del TSJCV ante la demostrada vulneración de la Ley de Telecomunicaciones por parte de ACPV.
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