¿Cómo se está llevando a cabo en la Comunidad Valenciana el supuesto bilingüismo integrador? Y concretamente, ¿cómo se están implantando los programas de inmersión lingüística contemplados en la legislación sobre “normalización lingüística” de la Generalitat?
La Generalitat Valenciana contempla 3 programas de educación bilingüe: el Programa de Enseñanza en "Valenciano" (PEV), el Programa de Inmersión Lingüística (PIL), y el Programa de Incorporación Progresiva (PIP). Pues bien, en los últimos años estamos asistiendo a una sustitución progresiva de los PIP, en los que la lengua vehicular es el castellano, por los PIL, en los que la lengua vehicular es el "valenciano". Según reza la Consejería de Educación, el Programa de Inmersión Lingüística (PIL) está "diseñado para niños y niñas mayoritariamente castellanoparlantes, cuyas familias optan de manera ¿voluntaria? por una escuela en valenciano, porque así se integran lingüísticamente desde el inicio de la escolaridad".
Dejando de lado, por el momento, la falacia que se esconde tras el argumento de la “integración” lingüística (¿acaso el niño valencianoparlante escolarizado en "valenciano" sí está “integrado”, a pesar de desconocer el castellano, la otra lengua oficial de la Comunidad?), el aspecto clave es si realmente se está respetando la opción voluntaria de las familias por una escuela en valenciano. Y lamentablemente parece que eso no es así, al menos en una diversidad de casos. Valga como ilustración el siguiente ejemplo sumario, en el que a buen seguro se reconocerán multitud de padres de alumnos:
1) Un nuevo director recién nombrado impulsa la supresión del PIP (incorporación progresiva) y su sustitución por el PIL (inmersión).
2) Establece una consulta no vinculante al respecto con el Claustro de Profesores, que vota mayoritariamente en contra.
3) Consigue, por el contrario, el apoyo del Consejo Escolar, en el cual los padres de alumnos allí representados no se molestan en recabar la opinión del resto de padres de alumnos del centro (como si el puñado de votos con que fueron elegidos les legitimara para tomar esas decisiones que afectan a otros padres y a sus hijos).
4) El director sí consulta con los padres de los niños más mayores de Infantil que seguían ya el PIP (incorporación progresiva) con el propósito de cambiarles el programa, pero los padres prefieren seguir igual que hasta entonces.
5) Lógicamente, no se consulta con los futuros padres de los futuros niños de 3 años que se matricularan el curso siguiente, puesto que aún no están en el colegio, en su mayor parte (salvo padres que ya tienen un hijo en el centro y van a escolarizar al hermano pequeño, los cuales tampoco son consultados). A pesar de ello, se tramita la solicitud a la Consejería de que a partir del siguiente año, el programa de incorporación progresiva se sustituya por el de inmersión lingüística desde el inicio de la escolarización, a los 3 años.
6) Con posterioridad, y siguiendo una política de hechos consumados, se celebra una reunión informativa a la que asiste un técnico de Conselleria en la que se loan las virtudes de la inmersión lingüística y en la que se espeta a los disidentes que lo realizado es legal y que si no les parece bien matriculen a su hijo en otro colegio.
Ante lo expuesto, la pregunta central es obvia: ¿se ha respetado en todo este proceso la opción voluntaria de las familias por una enseñanza en valenciano? Evidentemente, no. Más bien, esta opción voluntaria ha sido escamoteada fraudulentamente por:
a) Un director obcecado en su ideario nacionalista,
b) un Consejo Escolar deficitario desde un punto de vista democrático, politizado por entidades como Escola Valenciana y cualquiera de los sindicatos con presencia en la educación pública,
c) una Conselleria cómplice.
¿Es esto el bilingüismo integrador del que hacen gala los sucesivos Consellers de Educación?
Y finalmente, ¿en cuántos colegios viene ocurriendo lo mismo o algo similar a lo largo de los últimos años en esta Comunidad Valenciana gobernada por el PP?
1 comentarios:
Concha Gómez, secretaria autonómica de la Consejería de Educación, se descolgaba en noviembre de 2010 en sede parlamentaria con unas declaraciones en las que se lamentaba de la proliferación de líneas en valenciano en la provincia de Castellón, que imposibilitaba a los padres elegir si sus hijos quieren estudiar en una línea donde la lengua vehicular principal fuera el castellano (líneas PIP).
¿A qué vienen esas lágrimas de cocodrilo cuando ha sido su propia Conselleria la que ha permitido esta situación? ¿O es que acaso no ha sido la Conselleria la receptora de las peticiones de los directores de los colegios, y quien ha dado su autorización aún de forma silenciosa y vergonzante (silencio administrativo)?
Concha Gómez continuaba en sus declaraciones intentando desmarcarse del modelo supuestamente de izquierdas (aunque sí nacionalista) de Compromís, Izquierda Unida, PSPV y Escola Valenciana, a los que acusaba de desear un sistema monolingüe (en catalán, claro), frente a su modelo conservador cumplidor de la legislación que ampara el bilingüismo y respetuoso de la voz de las familias en la educación de sus hijos.
¿A qué viene este exabrupto propagandista cuando es su propia Conselleria la demandada precisamente por no cumplir con la ley y por no tener en cuenta a los padres? ¿O es que acaso no ha sido la Conselleria (y por elevación, la Generalitat Valenciana) la destinataria, por ejemplo, de la denuncia de una madre de Biar hace 2 años ante la negativa del colegio de turno en escolarizar a su hijo en castellano?
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