La sentencia inicial del TSJCV lo dejaba muy claro: Acció Cultural del País Valencià (ACPV) había cometido una infracción muy grave, prevista en la Ley 31/1987 de Ordenación de las Telecomunicaciones, por prestar de forma clandestina el servicio de televisión por ondas terrestres sin la concesión administrativa necesaria.
El TS se descuelga ahora, tras el recurso de ACPV, resolviendo que Acció Cultural fue "un mero retransmisor, sin más de los programas televisivos del verdadero operador público". Dado que la reemisión de la televisión catalana se hizo siempre ocupando espectro radioeléctrico estatal, el magistrado ponente Manuel Campos estima que no era competencia de la Generalitat sancionar las conductas objeto de litigio.
Desde Círculo Cívico Valenciano EXIGIMOS al President Fabra que abandone la posición conformista que parece haber adoptado al acatar sin más la sentencia del TS, y presente recurso de la misma ante el Tribunal Constitucional, en tanto en cuanto la sentencia del Supremo ignora los derechos lingüísticos del pueblo valenciano, recogidos en el artículo 3 de la Constitución Española y el artículo 7 del Estatuto de Autonomía de la Comunitat Valenciana, donde se reconoce expresamente que, aparte del castellano, "las demás lenguas españolas serán también oficiales en las respectivas Comunidades Autónomas de acuerdo con sus Estatutos". Y es el estatuto valenciano el que en su artículo 7 establece que el valenciano es la lengua co-oficial de la Comunitat Valenciana, no así el catalán, lengua vehicular del canal autonómico catalán y co-oficial en su comunidad autónoma, Cataluña.
Siendo como es, según lo arrojado de la sentencia del TS, el Ministerio de Industria del Gobierno de España el órgano competente para sancionar las emisiones clandestinas de TV3 perpetradas por ACPV, y que, según dicha sentencia, la misma no implica declaración de licitud de la conducta de ACPV, INSTAMOS al Ministro Soria a validar la sanción que impuso la Generalitat Valenciana y no admitir la reanudación de las emisiones de TV3 en territorio valenciano, ya que, según enuncia la sentencia "el espectro radioeléctrico es un bien tan valioso como escaso" y "quien aspire a disfrutar de algunos segmentos, no puede hacerlo de modo unilateral y al margen de la asignación de frecuencias disponibles. La vulneración de las reglas estatales aplicables tiene consecuencias sancionadoras". Desde Círculo Cívico Valenciano estaremos encantados de ver dichas consecuencias sancionadoras hacia quien ha vulnerado impunemente durante décadas la legislación sobre telecomunicaciones.
Desde Círculo Cívico Valenciano consideramos que ni el canal autonómico catalán, ni la entidad que ha perpetrado sus emisiones en territorio valenciano, ACPV, han respetado jamás ni la denominación oficial ni el marco territorial que fija nuestro Estatuto. De forma sistemática, la cadena autonómica catalana incluye a la Comunitat Valenciana como una parte más de Cataluña. Esa línea editorial se circunscribe dentro de la política de la Generalitat de Cataluña de utilizar sus medios oficiales para identificar como catalanes hechos y manifestaciones culturales valencianas que, en muchas ocasiones, exceden de cuestiones lingüísticas.
Tampoco consideramos desde Círculo Cívico Valenciano que el gobierno valenciano deba ceder ni un ápice ante propuestas de pactos de reciprocidad, ya que, para el nacionalismo catalán, esos pactos sólo son un subterfugio para continuar su proceso de colonización cultural, identitaria y lingüística. Y TV3 es, sin ninguna duda, un órgano de catalanización, una herramienta de construcción nacional de los imaginarios "paisos catalans", un medio para extender y sustituir lengua y cultura de territorios vecinos, y, no lo olvidemos, para expandir su información sesgada por el particular tratamiento y orientación que le otorga el ser el mass media oficial del gobierno separatista de Artur Mas.
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