Noticia en LibertadDigital.es:
El apartado sobre la lengua contemplado en el anteproyecto de Ley Orgánica de Mejora de la Calidad de la Enseñanza (LOMCE) marca un "hito", ya que es la "primera vez" que una ley orgánica de Educación contempla la regulación de las lenguas cooficiales.
Pero es claramente insuficiente en opinión de las entidades por la libertad lingüística, que este miércoles han acudido al Ministerio de Educación para presentar sus alegaciones al borrador. Los representantes de la Fundación Círculo Balear (FNCB), de Galicia, País Vasco, Cataluña, Comunidad Valenciana y Baleares se han entrevistado con el director general de Evaluación y Cooperación Territorial, Alfonso González, con quien han tenido una primera toma de contacto, en un encuentro "enmarcado en la cortesía", y en donde han solicitado una reunión con el ministro, José Ignacio Wert.
"Los borradores han ido empeorando porque los nacionalistas presionan". El actual "es más laxo y cede más a las presiones nacionalistas", resaltaron los representantes de dichas fundaciones en un encuentro con la prensa.
Desde las entidades a favor del bilingüismo real no entienden cómo es posible que desde "el Ministerio se vulnere la propia Constitución". Y es que, resaltan que este anteproyecto de ley "es incompatible con la doctrina del Tribunal Constitucional" porque "no garantiza los derechos lingüísticos de todos los alumnos al dar preferencia de trato a la educación en las lenguas cooficiales distintas al castellano y relegar a una situación secundaria" a los castellanohablantes.
Recuerdan que la propuesta del Gobierno es "elegir entre estudiar todo o casi todo en lengua autonómica" y que el reparto, de cualquier manera, quedará supeditado al criterio de lo que elija cada comunidad autónoma. Y, por tanto, "no se garantiza la posibilidad de que los alumnos sean educados en español".
La propuesta de las entidades por la libertad de la lengua es clara: proponen un sistema de tres vías –parecido al que existe en País Vasco y Comunidad Valenciana, pero con cumplimiento real y efectivo–, donde el gobierno central se reserve la capacidad de determinar qué porcentaje de asignaturas se imparte en castellano y en lengua cooficial. Hasta ahora ha habido una "dejación de funciones del Estado. Siempre han cedido" a las pretensiones nacionalistas "por temas exclusivamente políticos".
"Da igual quién gobierne"
Además, añaden, "da igual quién gobierne" en cada comunidad. Como ejemplo sitúan a Baleares o Galicia, donde el PP gobierna con mayoría absoluta y los derechos de los castellanoparlantes se conculcan. "En la práctica, siguen en la imposición de la lengua vehicular". Así lo dejó claro, poco antes, Jorge Campos, en Es la mañana de Federico.
Para hacer efectivo el cumplimiento de un bilingüismo real proponen un "reforzamiento de la Alta Inspección del Estado". No están de acuerdo con la propuesta del Ministerio relativa a que sea la Administración autonómica la que deba sufragar los gastos de educación de los alumnos que quieran ser escolarizados en castellano y no se oferte esa posibilidad "en su municipio o zona limítrofe" ni en la escuela pública ni en la concertada. En su opinión, sería mucho más efectista que los padres fueran indemnizados por cualquiera de las dos administraciones, la central o la autonómica. "El Estado también es corresponsable".
"El tiempo de la normalización lingüística pasó"
Asimismo, abogan porque "los centros educativos no sean instrumento para el adoctrinamiento que a menudo se produce con el pretexto denormalizar el uso de las lenguas diferentes del castellano".
"El tiempo de la normalización lingüística ya ha pasado, ahora es el tiempo de la normalización de los derechos de los ciudadanos", sentenciaron. Estas propuestas serán remitidas a los grupos parlamentarios y al Consejo Escolar del Estado y cualquiera que lo desee puede sumarse a ellas.
Noticia en DiálogoLibre.com
Las asociaciones a favor de la libertad de elección de lengua han decidido presentar de manera conjunta alegaciones a la nueva ley de Educación que está preparando el ministro Wert, la Ley Orgánica para la Mejora de la Ley Educativa (LOMCE).
Fundación Círculo Balear, Galicia Bilingüe, Asociación por la Tolerancia (Cataluña), Impulso Ciudadano (Cataluña), Plataforma por la Libertad de Elección Lingüística (País Vasco), Plataforma Valenciana por la Libertad Lingüística y Círculo Cívico Valenciano presentan este miércoles sus alegaciones en defensa de la libertad lingüística y el derecho a escolarizar en español en toda España, en el Registro General del Ministerio Educación, Cultura y Deporte.
Las entidades piden en su documento que la LOMCE incluya explícitamente la libertad de elección de lengua en todo el territorio español y que asegure la neutralidad política e ideológica de los centros educativos, para que no puedan adoctrinar a los alumnos ni tomar partido en posicionamientos políticos, como ocurre habitualmente.
El Ministerio de Educación ha mostrado interés por el registro de las enmiendas, confirmando que el Director General de Evaluación y Cooperación Territorial, Alfonso González, se reunirá con los representantes de las entidades para escuchar sus reivindicaciones.
Noticia en La Voz de Barcelona:
Las principales entidades en defensa de la libertad lingüística han presentado en el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte las propuestas de las enmiendas que, desde u punto de vista, se deben incluir en el anteproyecto de la Ley Orgánica para la Mejora de la Calidad Educativa (LOMCE), que está en trámite de consultas con los gobiernos autonómicos previo paso por las Cortes Generales.
Este miércoles, un representante de cada una de las seis entidades (Asociación por la Tolerancia, Cataluña; Círculo Cívico Valenciano, Comunidad Valenciana; Fundación Nacional Círculo Balear, Islas Baleares; Galicia Bilingüe, Galicia; Impulso Ciudadano, Cataluña; y Plataforma por la Libertad de Elección de Lengua, País Vasco) ha acudido a la entrega del texto de las enmiendas en la sede del Ministerio en Madrid.
Según han señalado, el anteproyecto de la LOMCE, tal y como está actualmente redactado, es incompatible con la doctrina del Tribunal Constitucional (TC)porque ‘no garantiza los derechos lingüísticos de todos los alumnos al dar preferencia de trato a la educación en las lenguas cooficiales distintas del castellano’, en las CCAA donde existe una segunda lengua además de la común, y relega a ‘una situación secundaria’ a los miembros de ‘las comunidades lingüísticas castellanohablantes en los territorios con cooficialidad lingüística’.
‘Una mera apariencia’
Estas seis entidades han recordado que el anteproyecto prevé dos vías para los casos lingüísticos. Uno, mediante la posibilidad de recibir todas las materias no lingüísticas en la lengua oficial diferente del castellano, para los alumnos cuyos padres así lo deseen. Y dos, mediante la posibilidad de recibir la enseñanza utilizando como vehiculares ambas lenguas oficiales, aunque este reparto quedará a criterio de lo que decida cada gobierno autonómico.
Sin embargo, en opinión de la entidades demandantes, ‘no se establece ninguna cautela para impedir que la enseñanza en castellano, la otra lengua oficial, sea una mera apariencia’ en las CCAA en las que existe una lengua autonómica. Y han advertido de que ‘la propuesta del Gobierno es elegir entre estudiar todo en lengua autonómica o casi todo en lengua autonómica’.
Los representantes de las seis entidades cívicas han valorado ‘positivamente’ que el anteproyecto de la LOMCE ‘prevea para todas las CCAA con lengua cooficial la puesta en marcha de más de una línea de enseñanza’, pero han lamentado ‘que no se garantice la posibilidad de que los alumnos sean educados en español, siendo así que es competencia del Gobierno español asegurar a todos los ciudadanos la enseñanza en la lengua común’.
En este sentido, han recordado que el Alto Tribunal ha declarado constitucional ‘tanto el sistema de libre elección de lengua vehicular como el de conjunción lingüística’, es decir, el de libertad de elección y el de que ambas lenguas oficiales en una Comunidad sean vehiculares en la enseñanza, respectivamente. Y han indicado que el TC ‘no ha avalado’ un sistema de enseñanza ‘exclusivamente’ en la lengua autonómica, ‘si no se ofrece paralelamente la posibilidad de hacerlo exclusivamente en castellano’.
‘Un sistema de tres vías’
Por este motivo, en el texto presentado al Ministerio de Educación, Cultura y Deporte se incluye un nuevo sistema que consiste en ‘un sistema de tres vías, sin cortapisas,con un régimen que garantice el cumplimiento de la ley y con un reforzamiento de la Alta Inspección del Estado’. Este modelo sería el que más se ajusta con la mayoría de los padres, sin obligar a nadie a un sistema no deseado.
Además, en las enmiendas -que forman parte de un documento de 25 páginas con los seis principios básicos y las quince enmiendas- se ha incluido que los centros educativos ‘no sean instrumento para el adoctrinamiento que a menudo se produce con el pretexto de normalizar el uso de las lenguas diferentes del castellano’.
Para las entidades cívicas ‘es imprescindible que las administraciones velen por la necesaria neutralidad política e ideológica en la educación’, y en este objetivo han señalado varios casos -todos ellos surgidos de la realidad en las escuelas de las distintas CCAA- que se deberían evitar de las aulas:
‘El uso de expresiones que pretenden transmitir que solo una de las dos lenguas oficiales es la verdadera lengua de los miembros de la comunidad; la defensa sectaria por parte de profesores de una determinada posición política o ideológica sobre un asunto de debate social; el reparto de material propagandístico sectario o la incitación a la participación de los alumnos en actos de protesta, especialmente cuando son contrarios a valores constitucionales o incluyen incitación a la intolerancia, el odio o la discriminación’.
Entre las novedades que se incluyen en las enmiendas consta un régimen sancionador para los profesores o funcionarios que no cumplan con la LOMCE.
Un sistema homologable al de otras democracias
Los portavoces de las entidades que han acudido a Madrid han indicado que el Gobierno no debe desperdiciar la oportunidad que se abre con esta nueva ley, y han exigido que el sistema educativo español se dote de un modelo en el que ‘se respeten los derechos lingüísticos de los alumnos’; se apruebe ‘un sistema homologable a los de las democracias con más de una lengua oficial en un mismo territorio’, y sea ‘respetuoso con tratados internacionales suscritos por España, como la Carta Europea de las Lenguas Regionales o Minoritarias, de 1992′.
Estas propuestas, que deberían ser incluidas en el redactado final de la LOMCE, se han presentado porque, han señalado los seis portavoces, ‘en todas las CCAA con lengua cooficial se está produciendo, en mayor o menor medida, una discriminaciónhacia los alumnos que prefieren ser instruidos en español’.
Finalmente, estas entidades cívicas en defensa de la libertad lingüística de los ciudadanos, han adelantado que las enmiendas también se remitirán a los grupos parlamentarios del Congreso y del Senado, así como al Consejo Escolar del Estado. Y han previsto llevar a cabo una campaña ‘para concienciar a todos los españoles de que la defensa de la libertad lingüística y la erradicación del adoctrinamiento en las escuelas, aun siendo competencia del Estado, requieren del compromiso de la ciudadanía’.
Noticia en la edición de papel de El Mundo:
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